El gobierno del Frente Amplio envió al Parlamento el proyecto de ley que crea el Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR). Su extensa y documentada exposición de motivos y los escuetos 14 artículos que lo componen desataron una tormenta política y mediática. Bienvenida sea. El proyecto dice acertadamente: “Existen tres mercados de factores productivos: tierra, trabajo y capital”. Los dos gobiernos del FA avanzaron sustancialmente en el mundo del trabajo, desmontando la obra del neoliberalismo en él; muy tímidamente aún, también se introdujeron en el mundo del capital; pero la tierra, factor clave de la producción y de la acumulación de riqueza, había permanecido prácticamente intocada. El Proyecto de Ley crea el ICIR, un impuesto progresivo que grava a las propiedades rurales de más de 2 mil hectáreas. Entre 2 mil y 5 mil hectáreas tributarán, por hectárea, 8 dólares anuales; entre 5 mil y 10 mil hectáreas, 12 dólares anuales; y las de más de 10 mil hectáreas, 16 dólares anuales. Además, introduce una modificación al régimen de compra-venta de tierra e incorpora la valorización del inmueble como objeto de tributación. En el primer caso lo que se recaude será volcado a las intendencias y en el segundo caso al Instituto Nacional de Colonización. Se financiará la infraestructura rural y el desarrollo del campo.
Algunos datos.
El ICIR gravará aproximadamente a 1.200 productores de un total de 47.300, es decir un 2.5%; el 97.5% de los productores no será afectado. Hay un nutrido grupo de argumentos que respaldan esta medida. En primer lugar la concentración de la tierra que es mucho más grande que la del ingreso: mientras que el 10% de la población de más altos ingresos percibe el 30.5% del ingreso, el 10% de los productores más grandes es propietario del 64% de la tierra Además, como fruto de muy diversos factores, ninguno de ellos atado a la inversión productiva de sus propietarios, sino al carácter de bien social escaso, al crecimiento económico del país y a la liquidez internacional que la ve como refugio para capitales especulativos; la tierra se ha valorizado casi más que cualquier otro factor productivo. El valor total de las tierras que se gravan, unos 5 millones de hectáreas, era hace 10 años de 4 mil millones de dólares; hoy es de 16 mil millones de dólares. Este aumento del valor no fue acompañado de aporte fiscal; redundó solamente en beneficio de sus propietarios y no de la sociedad. En los últimos 10 años, la tributación total del sector agropecuario disminuyó, en porcentaje a su PIB, casi un 30%, pasando de 9.7% del PIB Agropecuario en 1999 a 7.1% en 2009. Esa disminución también se produjo respecto de lo que aporta el conjunto de la sociedad; es decir, no sólo comparados con sí mismos, sino con toda la sociedad. En 1999, la presión fiscal sobre los propietarios de tierra era de 9.7% mientras que la que recae sobre la población en su conjunto era de 30.1%. En 2009, la presión sobre el agro bajó a 7.1 mientras que la nacional fue de 29.5%. Para resumir, la tierra está altamente concentrada, aumentó su valor enormemente, tributa menos que antes y mucho menos que el resto de la sociedad.
El debate con la derecha.
La decisión de gravar a las grandes propiedades de tierra, está entonces largamente justificada. Las organizaciones que nuclean a los grandes propietarios han puesto el grito en el cielo; sobre todo la Asociación Rural, de triste trayectoria, habiendo apoyado el golpe de Estado, operando para la dictadura y reprimiendo cualquier intento de organización de los trabajadores. Lo mismo ha hecho la derecha, especialmente el Partido Colorado a través de su principal figura, Pedro Bordaberry. Es lógico, en su caso, más que tradición política es tradición familiar. Bordaberry al igual que su padre, ha convertido al Partido Colorado en una expresión de derecha dura, que sólo sabe proponer represión y defender los privilegios de los ricos. Es un debate saludable, no hay que caer en la trampa de discutir aspectos parciales, como qué se hará con contratos de inversión, que aunque es un problema real, no es el centro, ni por aproximación. Es bueno que Bordaberry le diga a la sociedad claramente que él no quiere que se toquen, ni mínimamente, los privilegios de los más ricos. Está defendiendo al 2.5% de los productores, sólo eso.
La discusión en el gobierno y en el FA.
La discusión para aprobar este proyecto de ley no fue sencilla hasta ahora y no lo será de ahora en adelante. Eso ocurre cuando están en juego elementos centrales del poder y de la riqueza. Pero el gobierno del Frente Amplio la saldó bien; incluso, fruto del debate, el proyecto es mejor que el original e incorporó el elemento de gravar la valorización de la tierra en las operaciones de venta. Esto muestra que es muy importante discutir y hacerlo con franqueza y sin miedo. Ahora la discusión se dará en el Parlamento y será dura. Hay que darla. Entendemos que es imprescindible que también la dé el FA y tome posición. Lo señalamos como una necesidad, en discrepancia, con la Ley de PPP; lo reiteramos ahora, en el acuerdo, con el ICIR. No tiene que ver con una opinión favorable o no, tiene que ver con el método: los temas centrales del país deben discutirse en el FA. Porque no hay monopolios para las iniciativas, ni del Ministerio de Economía, ni de la OPP, ni siquiera de la Presidencia; se necesita un debate colectivo, una decisión y una acción de todos para defender las medidas que así se aprueben. El 4 de agosto el PCU entregó al FA un documento proponiendo que se discutiera la concentración y extranjerización de la tierra. El PIT-CNT, a través del Instituto Cuesta-Duarte también ha realizado propuestas hace pocos días. Este proyecto de ley es un buen paso; merece y necesita discusión amplia y respaldo. Ese es el camino.
Algunos datos.
El ICIR gravará aproximadamente a 1.200 productores de un total de 47.300, es decir un 2.5%; el 97.5% de los productores no será afectado. Hay un nutrido grupo de argumentos que respaldan esta medida. En primer lugar la concentración de la tierra que es mucho más grande que la del ingreso: mientras que el 10% de la población de más altos ingresos percibe el 30.5% del ingreso, el 10% de los productores más grandes es propietario del 64% de la tierra Además, como fruto de muy diversos factores, ninguno de ellos atado a la inversión productiva de sus propietarios, sino al carácter de bien social escaso, al crecimiento económico del país y a la liquidez internacional que la ve como refugio para capitales especulativos; la tierra se ha valorizado casi más que cualquier otro factor productivo. El valor total de las tierras que se gravan, unos 5 millones de hectáreas, era hace 10 años de 4 mil millones de dólares; hoy es de 16 mil millones de dólares. Este aumento del valor no fue acompañado de aporte fiscal; redundó solamente en beneficio de sus propietarios y no de la sociedad. En los últimos 10 años, la tributación total del sector agropecuario disminuyó, en porcentaje a su PIB, casi un 30%, pasando de 9.7% del PIB Agropecuario en 1999 a 7.1% en 2009. Esa disminución también se produjo respecto de lo que aporta el conjunto de la sociedad; es decir, no sólo comparados con sí mismos, sino con toda la sociedad. En 1999, la presión fiscal sobre los propietarios de tierra era de 9.7% mientras que la que recae sobre la población en su conjunto era de 30.1%. En 2009, la presión sobre el agro bajó a 7.1 mientras que la nacional fue de 29.5%. Para resumir, la tierra está altamente concentrada, aumentó su valor enormemente, tributa menos que antes y mucho menos que el resto de la sociedad.
El debate con la derecha.
La decisión de gravar a las grandes propiedades de tierra, está entonces largamente justificada. Las organizaciones que nuclean a los grandes propietarios han puesto el grito en el cielo; sobre todo la Asociación Rural, de triste trayectoria, habiendo apoyado el golpe de Estado, operando para la dictadura y reprimiendo cualquier intento de organización de los trabajadores. Lo mismo ha hecho la derecha, especialmente el Partido Colorado a través de su principal figura, Pedro Bordaberry. Es lógico, en su caso, más que tradición política es tradición familiar. Bordaberry al igual que su padre, ha convertido al Partido Colorado en una expresión de derecha dura, que sólo sabe proponer represión y defender los privilegios de los ricos. Es un debate saludable, no hay que caer en la trampa de discutir aspectos parciales, como qué se hará con contratos de inversión, que aunque es un problema real, no es el centro, ni por aproximación. Es bueno que Bordaberry le diga a la sociedad claramente que él no quiere que se toquen, ni mínimamente, los privilegios de los más ricos. Está defendiendo al 2.5% de los productores, sólo eso.
La discusión en el gobierno y en el FA.
La discusión para aprobar este proyecto de ley no fue sencilla hasta ahora y no lo será de ahora en adelante. Eso ocurre cuando están en juego elementos centrales del poder y de la riqueza. Pero el gobierno del Frente Amplio la saldó bien; incluso, fruto del debate, el proyecto es mejor que el original e incorporó el elemento de gravar la valorización de la tierra en las operaciones de venta. Esto muestra que es muy importante discutir y hacerlo con franqueza y sin miedo. Ahora la discusión se dará en el Parlamento y será dura. Hay que darla. Entendemos que es imprescindible que también la dé el FA y tome posición. Lo señalamos como una necesidad, en discrepancia, con la Ley de PPP; lo reiteramos ahora, en el acuerdo, con el ICIR. No tiene que ver con una opinión favorable o no, tiene que ver con el método: los temas centrales del país deben discutirse en el FA. Porque no hay monopolios para las iniciativas, ni del Ministerio de Economía, ni de la OPP, ni siquiera de la Presidencia; se necesita un debate colectivo, una decisión y una acción de todos para defender las medidas que así se aprueben. El 4 de agosto el PCU entregó al FA un documento proponiendo que se discutiera la concentración y extranjerización de la tierra. El PIT-CNT, a través del Instituto Cuesta-Duarte también ha realizado propuestas hace pocos días. Este proyecto de ley es un buen paso; merece y necesita discusión amplia y respaldo. Ese es el camino.
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