LA IMPUNIDAD ES INTOLERABLE Y LA PRESCRIPCIÓN TAMBIÉN (Editorial de El Popular _30 de Setiembre del 2011)

La gran prensa y la derecha buscan silenciar y sacar del debate ciudadano los crímenes de lesa humanidad del terrorismo de Estado y el intento de que prescriban en 30 días. Desde estas páginas buscamos exactamente lo contrario.
El PIT-CNT, Mujica y una iniciativa.
El jueves pasado, el PIT-CNT, con el apoyo de Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, HIJOS, SERPAJ, FEUU, CRYSOL, Iguales y Punto y Mesa Permanente contra la Impunidad; hicieron público un proyecto de ley que apunta a incorporar a la legislación nacional los aspectos centrales de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH (CIDH) en el caso Gelman. Califica como de lesa humanidad los delitos cometidos bajo el terrorismo de Estado y por lo tanto imprescriptibles. Por la tarde, una delegación del PIT-CNT fue recibida por el presidente de la República, José Mujica, para analizar el proyecto. Según participantes en la reunión, Mujica expresó su visión positiva sobre el proyecto e incluso afirmó: «Terminar con los crímenes de lesa humanidad sería un avance cultural muy importante para Uruguay». Son hechos importantes. Hay una iniciativa concreta, que de una u otra manera llegará al Parlamento y éste deberá pronunciarse. La iniciativa cuenta con un importante apoyo de organizaciones sociales y además, con la simpatía del presidente Mujica. Por otra parte se han presentado nuevas denuncias y en los próximos días se presentarán varias más, para que sean investigadas.
La sentencia de la CIDH y el Poder Judicial.
En febrero la CIDH condenó a Uruguay y le ordenó que la Ley de Caducidad «dejara de ser un impedimento para la investigación, de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y para la identificación y eventual condena de los responsables de los mismos». La condena de la CIDH dice también, a texto expreso, que no debe aplicarse la Ley de Caducidad «ni ningún instrumento jurídico análogo como la PRESCRIPCION ». Al parecer no debería existir ninguna duda al respecto, sin embargo no es así. Y no lo es porque la interpretación de las leyes y también de las sentencias, es materia de debate filosófico y no sólo jurídico, es decir, entra en el terreno político de las concepciones y los valores de quienes las interpretan. Por ello no se vulnera ninguna autonomía ni se ejerce ninguna presión ilegítima si se reclama una interpretación y una aplicación determinada. En este caso, el cumplimiento a cabalidad de la sentencia de la CIDH, es decir en todas sus consecuencias jurídicas e institucionales, debe ser el mínimo aceptable y no el máximo aspirable. Las violaciones a los DDHH cometidas en el marco del terrorismo de Estado no son delitos comunes, son de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles. Eso parece que no resistiría ninguna discusión, pero lamentablemente no es así. Varios jueces se han negado a tipificarlos así y procesan a los violadores de DDHH por delitos comunes, como homicidio especialmente agravado. Recientemente la Suprema Corte de Justicia desestimó en tres sentencias la tipificación del delito de «desaparición forzada» por considerar que el mismo no estaba vigente en el momento que esos delitos se cometieron. Aplica el denominado criterio de la irrectroactividad de la ley y como consecuencia de ello también el de prescripción. La Suprema Corte dispuso la condena de los responsables por el delito de «homicidio muy especialmente agravado» por el asesinato de 28 personas. El fallo fue votado por una mayoría de 4 a 1, con el voto discordante del actual presidente, Leslie Van Rompaey. Ahora los jueces deben enfrentar más de 150 casos, entre los que se reabren y las nuevas denuncias. ¿Es de recibo que lo hagan según el criterio de cada uno? No, no lo es. En primer lugar porque el Estado uruguayo todo tiene la obligación de cumplir la sentencia de la CIDH, y los jueces, aún con su autonomía e independencia técnica, son parte del Poder Judicial y por lo tanto del Estado. Hay opiniones diversas sobre si es necesario o no que el Parlamento vote una ley al respecto. Desde estas páginas hemos sostenido, y lo reiteramos hoy, que todos los poderes del Estado deben hacer esfuerzos por cumplir con la sentencia de la CIDH. La iniciativa del PIT-CNT tiene el valor de hacer ley los fundamentos jurídicos de la sentencia y enviar una señal muy clara al Poder Judicial de la voluntad de cumplirla a cabalidad.
Desde la ética.
Las dimensiones j0urídicas, filosóficas y políticas de la impunidad son importantes. Pero hay otra que es decisiva: la ética. Esto no es un congreso académico donde compiten brillantes argumentos jurídicos, o un curso de derecho aplicado donde se aprenden hábiles artilugios y estrategias legales. Es una disputa central en la construcción de una sociedad sana, democrática, libre. Los crímenes de los que hablamos son los peores de la historia nacional. Quienes los cometieron no alegan inocencia. Por el contrario, cuando pueden los reivindican, sólo proclaman impunidad, nada más y nada menos. ¿Es éticamente tolerable que queden impunes secuestradores de niños, torturadores, violadores, asesinos y desaparecedores de personas? Esa es la pregunta que debe hacerse. Esa pregunta debe responderse; en los medios, en los debates ciudadanos, en el Parlamento y también en los tribunales. Los secuestradores de niños, torturadores, violadores y asesinos quieren impunidad. EL POPULAR, junto a todas las organizaciones populares, sin revanchismos ni rencor, seguirá reclamando verdad y justicia. Nada más, pero tampoco nada menos. Y lo haremos todas las veces que sea necesario.

La denuncia de 46 compañeros y la esencia de la impunidad. (El Popular- 16/9/11)

Se concretará en las próximas horas una nueva iniciativa que apunta al corazón de la impunidad. Un colectivo de 46 ex presas y ex presos políticos, la mayoría de ellos en ese momento militantes de la Unión de la Juventud Comunista y casi todos jóvenes militantes estudiantiles, presentarán una denuncia por torturas en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía entre los años 1972 y 1983.
En la denuncia patrocinada por el abogado Pablo Chargonia se acusa a 12 oficiales de inteligencia policial, entre ellos Ricardo «Conejo» Medina, hombre del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), ya condenado por la justicia y preso, por violaciones a los DDHH e implicado y aún impune, por su participación en el asesinato en tortura de Alvaro Balbi y la desaparición de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman. Esta denuncia contribuye a la lucha general por terminar con la impunidad de los crímenes de lesa humanidad del terrorismo de Estado en varios aspectos.
Cumplir la sentencia de la CIDH.
La denuncia, se suma a los 135 casos por violaciones de DDHH que el Poder Ejecutivo identificó en 16 juzgados de Montevideo y 8 juzgados de 7 departamentos del país, cuya nómina completa fue publicada por EL POPULAR (N° 154). A ese universo judicial se sumarán las nuevas denuncias que se presentarán en los próximos días y las que no fueron identificadas en el relevamiento, por lo que nos aproximaremos a los 200 casos. Todo ese universo de casos está técnicamente abierto, luego de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman que ordena al Estado que la Ley de Caducidad «carezca de efectos jurídicos» y «no vuelva a representar un obstáculo para la investigación, identificación de los responsables y establecimiento de la sanciones». El cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de DDHH a cabalidad no es el máximo exigible al que podemos aspirar, por el contrario, es el mínimo aceptable. Su cumplimiento es una obligación para los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. El Poder Ejecutivo ha dado pasos concretos e importantes: Revocó los decretos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle; publicó los casos; comunicó la sentencia a los otros poderes; prepara un acto público donde asumirán la responsabilidad los tres poderes del Estado; ubicará en la ex sede del SID a la Institución Nacional de DDHH, entre otros. El Poder Judicial tiene el enorme desafío de hacer avanzar las causas, investigar y condenar a los responsables. Es un enorme trabajo, de difícil abordaje con la estructura actual del Poder Judicial. ¿No será necesario crear juzgados y fiscalías especializadas y dotarlas de recursos humanos y materiales para investigar? Parece que sí, eso y mucho más. El Poder Legislativo debe adoptar las medidas imprescindibles y los instrumentos legales para garantizar que las investigaciones no tengan obstáculos. Eso vale fundamentalmente en dos aspectos: liquidar formalmente la Ley de Caducidad e impedir, como también dice la Sentencia de la CIDH que no se aplique «ningún instrumento análogo como la prescripción». En el PIT-CNT, en coordinación con un amplio abanico de organizaciones sociales, se analiza la idea de una ley que establezca, sin lugar a dudas que es norma nacional el contenido de la sentencia de la CIDH, puede ser un camino.
Crimen de lesa humanidad e impresciptible.
El escrito de denuncia presentado por Chargonia se mete de lleno en la polémica por el supuesto límite de noviembre y la prescriptibilidad o no de los delitos del terrorismo de Estado. La denuncia es por «crimen de lesa humanidad , privación de libertad (art. 281), atentado a la libertad personal cometido por funcionario público encargado de una cárcel (art. 285), abuso de autoridad contra los detenidos (art. 286), pesquisa (art. 287), violencia privada (art. 288), amenazas (art. 290), lesiones personales (arts. 316 y ss.), violación (art. 272), atentado violento al pudor (art. 273)». «La violación planificada de derechos humanos encuadra la comisión de delitos calificados como de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables, cuya investigación y persecución penal constituye un deber estatal inevitable en protección de los derechos humanos. Las personas mencionadas no fueron víctimas de un delito ordinario sino de un crimen de lesa humanidad cometido por el aparato represivo estatal», afirma la denuncia, fundamentando esta posición en jurisprudencia nacional e internacional.
La tortura a juicio.
Otro aspecto trascendente de la denuncia de estos 46 compañeros y compañeras es que se realiza contra la tortura, la principal modalidad represiva de la dictadura en Uruguay, aplicada sistemáticamente contra más de 10 mil uruguayas y uruguayos y por la que, paradójicamente, no hay un solo represor procesado. «Los testimonios dan cuenta de operativos dirigidos contra militantes de la UJC en los años 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1980, 1981 y 1983. La UJC y el PCU fueron objeto de los operativos denominados «Alemania», «Trabajo» y «Morgan»», indica la denuncia mostrando la extensión en el tiempo y la dimensión masiva de la práctica de la tortura, y por supuesto también, la resistencia de las y los militantes por la libertad y dentro de ellos de los comunistas. Los métodos de tormento fueron variados, en la denuncia se sostiene que se identificaron 26 formas de tortura aplicadas en nuestro país, entre las que destaca: plantones, encapuchamiento, picana eléctrica, submarino o tacho, colgamiento, caballete, estaqueamiento, violaciones, simulacros de fusilamiento y uso de drogas. Las 46 compañeras y compañeros, recordaron el horror y testimoniaron lo que les hicieron. Para ver de lo que hablamos, recogemos solo uno, el de una compañera que en 1983, cuando fue detenida tenía 21 años: «Termino en un lugar, creo que al fondo del segundo piso, allí comienzan a interrogarme. Me desnudan y me cuelgan de las muñecas, los brazos hacia atrás. Estando así me manosean y me lastiman los pezones. Me hacen el submarino con agua. Luego con capucha de nylon o algo así, y estando colgada y agarrada por dos o tres tipos, me violan por el ano y la vagina. Primero con un palo, y luego uno de ellos, produciéndome lastimaduras y pequeñas hemorragias en el intestino que me duran como diez días. Estando colgada me aplican picana en todo el cuerpo». Esta denuncia fue hecha, con valentía y dignidad, en 1985 en la Comisión Investigadora del Senado, hace 26 años. La Ley de Impunidad, el compromiso con la impunidad de la derecha, las mentiras y bombas de humo de los grandes medios y nuestras insuficiencias y errores han permitido que los responsables de esos hechos este impunes. Lo mismo ocurre con los otros 45 compañeros y compañeras y con miles de mujeres y hombres, cuyo único delito fue luchar por la libertad contra la dictadura. La necesidad de encontrar soluciones jurídicas y el debate político nos llevan a veces a llevar el tema de la impunidad a una abstracción que nos hace olvidar lo principal: que fue lo que hicieron los represores que la derecha ha mantenido y quiere mantener impunes. La lucha contra la impunidad y contra sus responsables, los impunes, no es una abstracción ideológica o un concurso académico de jurisprudencia, es fundamentalmente para que los que secuestraron, violaron, asesinaron y desparecieron paguen por sus crímenes. De eso estamos hablando. Las soluciones jurídicas podrán ser debatibles, académicamente se podrá sostener una u otra postura, políticamente se podrá analizar de una u otra manera, pero no hay que permitir que nos escamoteen el debate esencial. Todo se resume al principio y al final en si se está con la verdad y la justicia o si por acción u omisión se está con los impunes, que vale recordarlo una vez más: son secuestradores, torturadores, violadores, asesinos y desparecedores de seres humanos. Tan simple y diáfano como eso.

Haití, los militares y la impunidad (editorial de El Popular)

La brutal agresión contra un joven haitiano de cinco militares uruguayos ha desatado la indignación, y está bien. La gravedad del hecho hace necesario un análisis que intente abarcar las implicancias profundas del mismo, evitando quedarnos en la superficie y en los intentos de reducirlo y acotarlo.

Las aberraciones de hoy y las de ayer.
Cinco efectivos de la Armada Nacional interceptaron a un joven haitiano, lo llevaron dentro de un destacamento militar y abusaron de él. Además, filmaron el abuso con un celular y lo mostraron como una hazaña. La respuesta del gobierno fue inmediata al conocerse el hecho. Se iniciaron las investigaciones, se anunció que se presentará la denuncia penal para que actúe la Justicia y que también tomará cartas la Justicia Militar. El presidente de la República, José Mujica, en una carta dirigida a su par haitiano, pidió disculpas y calificó el abuso de los militares como «inconducta criminal y bochornosa». El Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, dijo que era un hecho «aberrante» y agregó que las «investigaciones serán exhaustivas e irán hasta el hueso». El comandante de la Armada, Alberto Caramés, afirmó que «no va a permitir maltratos, infamias, deshonras bajo ningún concepto», adelantó que se actuará en «forma severa, rigurosa y ejemplarizante» y anunció el relevo del jefe del contingente uruguayo por ser el último responsable del accionar de sus subordinados. La respuesta del gobierno, los mandos militares y de todos los partidos políticos es absolutamente justa y no cabe otra posición que respaldarla. Pero ocurre que la conducta de estos cinco militares en Haití no se puede analizar como un hecho aislado y además, esta firmeza con los hechos de hoy refleja una suerte de esquizofrenia en el discurso y en la actitud con hechos iguales o más graves del pasado protagonizados también por militares. ¿Se debe ir hasta el hueso ahora y antes no? ¿Es más grave el hecho de hoy que las violaciones a los DDHH del pasado contra su propio pueblo? ¿La conducta criminal de hoy no guarda relación alguna con que estén impunes las conductas igualmente criminales del pasado? ¿En qué modelo se están educando los militares de hoy? ¿Qué influencia tienen los mensajes que reciben cuando oficiales retirados y en actividad defienden a los violadores de DDHH? Aquí en Uruguay hubo cientos de militares que secuestraron, torturaron, violaron y asesinaron; lo hicieron sistemática y masivamente durante más de diez años y están impunes. No solamente están impunes sino que desde los centros de retirados militares, desde la derecha política, incluso desde sectores del gobierno y de los medios de comunicación, se repite una y otra vez que así deben quedar. Recientemente ocho generales en actividad fueron a visitar y expresar su solidaridad con el coronel ® Tranquilino Machado, asesino confeso de Ramón Peré, procesado por la Justicia. Más recientemente en el Día del Retirado Militar, el presidente del Círculo Militar, coronel ® Jorge Puente, en un discurso de neto corte fascista y reivindicatorio de la represión, denunció un delirante «plan marxista internacional » para «destruir a las FFAA», implementado por el «Foro de San Pablo» utilizando «la ideología de Antonio Gramsci». Puente dijo que las FFFA estaban siendo «agredidas desde el Estado » y calificó a los violadores de DDHH, procesados por la Justicia en el marco de juicios con todas las garantías, como «presos políticos ». El mismo Puente se había reunido días antes con el Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, y al salir declaró que «hay intencionalidad política en los juicios contra los militares» y que «en noviembre deben prescribir las causas», dijo también que «con el ministro estamos en sintonía». La impunidad de los peores delitos de la historia del Uruguay y de sus responsables, la reivindicación, también impune, de los mismos por oficiales retirados y en actividad son mensajes que objetivamente favorecen la repetición de esas conductas «aberrantes» en el presente. La impunidad es un veneno para toda la sociedad y dentro de la sociedad también para las Fuerzas Armadas, por eso debe ser condenada antes, ahora y siempre; con firmeza y sin fisuras. Los mensajes éticos (más bien anti éticos) de la impunidad están inscriptos en la conducta criminal de estos cinco marinos que imitando a los yanquis (otro modelo no cuestionado ni condenado) en Abu Graib, violan, se divierten violando y se filman para lucirse.
Haití y los «cascos azules.
Este abuso aberrante obviamente no involucra a ningún efectivo más que los que participaron en él, sin embargo, es un dato más que abona el cuestionamiento a la participación de soldados uruguayos en misiones supuestamente de mantenimiento de paz, que terminan siendo de ocupación, represión y humillación de los pueblos supuestamente asistidos. No es el único caso de abuso y violación a los DDHH denunciado en Haití, hay muchos. Haití fue el primer país latinoamericano en independizarse, en 1804. Pero antes, en 1794, fue el primer país en abolir la esclavitud. La revolución de esclavos libertos haitiana, encabezada por Toussaint Louverture, enfrentó a Napoleón que quería reimplantar la esclavitud y lo derrotó. Toussaint Louverture estableció además en Haití la escuela laica, gratuita y obligatoria. ¿Qué llevó a que ese faro de libertad de los siglos XVIII y XIX mutara hacia este infierno en los siglos XX y XXI? Los intereses de las potencias imperialistas. Haití enfrentó invasiones de Francia y Gran Bretaña, las que derrotó heroicamente, pero apenas comenzado el siglo XX sufrió en carne propia a EEUU. El gran vecino del norte ocupó Haití entre 1915 y 1935, luego se retiró formalmente, pero dejó como ejército de ocupación a la salvaje dictadura de los Douvallier. EEUU usó Haití como plataforma de agresión hacia todo el Caribe, para impedir otra Cuba y además extrajo todo lo que se podía extraer de Haití. Después de los yanquis y Douvallier el 80% de la población haitiana vive en la pobreza y más del 60% es analfabeta. EEUU volvió a ocupar Haití en 1991 en el golpe contra Aristide, en 1994 para reponer a Aristide y en forma encubierta en 2004, apoyando las bandas mercenarias que invadieron desde República Dominicana y que profundizaron el caos. La Minustah fue creada por la ONU con el objetivo de estabilizar el país, defender los DDHH y evitar la presencia unilateral de EEUU y también de Francia. Lo que ocurrió en la realidad es que se sustituyó una presencia militar por otra, pero el pueblo haitiano sigue sufriendo, además de la miseria y la marginación más absoluta agravada por la tragedia del reciente terremoto, una ocupación militar extranjera. La Minustah no ha pacificado ni estabilizado nada. Como bien dice el PIT-CNT, la ayuda que necesita Haití es más bien de «médicos, maestros y albañiles». Se necesita terminar con el negocio de las mafias, de las élites corruptas y represoras y garantizar la libertad, la democracia y una vida digna para su sufrido y heroico pueblo. El PCU, otros sectores y legisladores del FA, como Guillermo Chifflet y el general Víctor Licandro, junto con el PIT-CNT, se han opuesto siempre a la presencia militar en Haití y en particular a la participación uruguaya en la Minustah. Desde que el gobierno de Batlle la implementó y luego en los dos gobiernos del propio FA. No hay ninguna razón para que se mantenga. El presidente Mujica ha dicho que «sería peligrosa la retirada hoy» y dejó entrever que la Minustah evitaría una presencia más protagónica de EEUU. La acción inconsulta de EEUU enviando miles de soldados, muchos más que los de la Minustah, y navíos de guerra a Haití durante el terremoto muestran que ese freno es por lo menos relativo. En todo caso, lo que corresponde es exigir, como país y como región, que se respete la soberanía de Haití y dar la solidaridad que su pueblo se merece y necesita; que no es, eso está claro, militares armados a guerra, más violencia, más represión, y mucho menos, más abusos y violaciones a los DDHH.

La ética, la identidad y la justicia ¿prescriben? (Editorial El Popular 154)

"Si algo importa de los plazos es el tiempo que ha trascurrido sin el conocimiento de la verdad", dice en uno de sus pasajes la proclama leída el pasado martes en Plaza Libertad. Así es.
El poder de la derecha y de los medios de comunicación para torcer los ejes reales del debate en torno a la impunidad es muy grande. Cuando la Ley Interpretativa el eje que instalaron era si se respetaba o no la supuesta primacía de la democracia directa, -que siempre denostaron-, por sobre la representativa. Luego lo trasladaron a los problemas internos del Frente Amplio. Ahora parece ser que lo único que existe, en caso de que algo exista ya que también silencian e invisibilizan el tema, es la prescripción de los delitos en noviembre.
Ese poder de cambiar los ejes impacta en la sociedad en su conjunto, objetivo principal, pero también en la izquierda y en el movimiento social. Tienen una gran capacidad para ocultar el centro real del problema y de paso, volver a transformar a los victimarios en víctimas.
Ahora todo gira, cuando se habla del tema, en las soluciones jurídicas y/o legislativas para impedir que los crímenes de lesa humanidad, que eso son, prescriban en noviembre. Esta es, la prescripción o no, una dimensión sin dudas importante de la lucha contra la impunidad, pero está muy lejos de ser la única.
En torno a la prescripción.
La posibilidad de que exactamente dentro de 60 días las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura prescriban, se sustenta en tres premisas: una, considerar que son delitos comunes y por lo tanto prescriptibles; dos, ignorar que la Ley de Caducidad y la interpretación generosa que de ella hicieron los gobiernos colorados y blancos, implicó un obstáculo para la acción de la Justicia y tres, la supuesta falta de interés de la ciudadanía en el tema.
Las tres premisas son falsas. Las violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas por agentes del Estado o a su servicio en el marco del terrorismo de Estado: son crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles. El Estado uruguayo está obligado por múltiples tratados internacionales que suscribió a considerarlos así y además, también lo está, por la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH(CIDH) en el caso Gelman. En la sentencia se dice explícitamente que el Estado uruguayo (el Poder Judicial es parte de él) debe asegurarse que la Ley de Caducidad no pueda volver a ser un obstáculo para la investigación, ni para identificar y castigar a los responsables y que «no debe aplicarse ningún otro instrumento jurídico análogo como la prescripción».
El Poder Ejecutivo ha dado pasos para cumplir la sentencia de la CIDH. Revocó los decretos de Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle que obstruían la acción de la Justicia. Publicó la sentencia de la Corte. Se la comunicó a los otros poderes del Estado. Realizará un acto público de asunción de responsabilidad con la máxima representación de los tres poderes del Estado. Hace dos días publicó una nómina, parcial pero exhaustiva, de los casos de violaciones a los DDHH que están en la Justicia. Se logró el relevamiento de 135 casos; sólo en 14 de ellos hay procesados, en los 121 restantes los responsables de los crímenes siguen impunes.
Les toca actuar a los otros poderes del Estado. A la Justicia le toca asumir a cabalidad la tarea de reactivar todos esos casos, los que no están en esa nómina y las denuncias que vendrán, seguramente superarán los 200 casos.
Es una inmensa tarea, pero imprescindible. La sociedad uruguaya toda, su democracia, necesitan que esa tarea se cumpla a cabalidad. Sin renunciamientos y sin trampas leguleyas, como antes fue la Ley de Caducidad y ahora es la prescripción. Hay que empezar por tipificar los delitos como lo que son, de lesa humanidad.
Al Poder Legislativo le cabe adoptar, si es necesario, nuestros instrumentos legales para que la Justicia actúe sin cortapisas, las variantes son muchas, ninguna hay que descartar.
Las presiones y las mentiras.
Los impunes y sus defensores militares y civiles insisten en mentir y presionar. Hace una semana una delegación de retirados militares se reunió con el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. En las versiones de prensa posteriores se dijeron cosas graves. El presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedrés dijo a Ultimas Noticias: «el Ministro nos dejó claro que piensa que la prescripción debe regir a partir del 1º de noviembre. Estamos en la misma sintonía», y agregó «coincidió en forma plena» en que existe un «trasfondo político» en los procesamientos».
Por su parte, el presidente del Centro de Oficiales Retirados, coronel (r) Jorge Puente, afirmó: «esto es un problema político, que va mucho más allá de que la Justicia se pronuncie». También dijo que «el Ministro estuvo de acuerdo».
Por último, el coronel Cedrés fue por más y dijo que no sólo quiere evitar que sean juzgados más militares, sino que pretende anular los juicios ya vigentes. Anunció que recurrirán a organismos internacionales, los mismos cuyas sentencias quieren que no se cumplan. «Nadie es más nacionalista que nosotros, pero no nos dejan otra salida», advirtió Cedrés.
El coronel Cedrés, al igual que los impunes que defiende, miente y lo hace a sabiendas. No hay ninguna operación revancha o búsqueda de rédito político en el reclamo de verdad y justicia. Si lo hubo, para la derecha, en la Ley de Caducidad, entre otros, mantener a las Fuerzas Armadas como su coto cerrado y dentro de su bloque de poder.
Los delitos cometidos por los representados por el coronel Cedrés, vale reafirmarlo una vez más, son de lesa humanidad, no prescriben. El coronel Cedrés y los que estén «en sintonía» con él, claramente EL POPULAR no lo estuvo, no lo está y no lo estará, quieren seguir con una democracia mutilada y mantener un privilegio: estar al margen de la justicia. Estamos en las antípodas del coronel Cedrés y de su «sintonía», ahora que lo expresa haciendo lobby y también cuando lo expresaron amenazando y chantajeando. A diferencia del coronel Cedrés y de su «sintonía» somos profundamente democráticos y por eso queremos que todos seamos iguales ante la ley, ni más ni menos.
Lo central.
Todas estas dimensiones, importantes por cierto, omiten lo central. La impunidad es intolerable desde una perspectiva ética.
Hábilmente hablan de leyes y de pronunciamientos pero omiten decir qué es lo que está en juego y a quiénes defienden. Los impunes son asesinos, torturadores, secuestradores de niños y violadores. Eso son. A eso defienden quienes quieren que siga la impunidad o no hacen nada para que termine. Es hora de llamar a las cosas por su nombre. Es imprescindible llamarlas por su nombre. Si la Justicia no actúa, si no investiga, si no identifica a los culpables, asesinos, torturadores, secuestradores de niños y violadores, estos quedarán impunes.
Es tan brutal la tergiversación que se omite señalar que los defensores de los impunes no alegan la inocencia de sus defendidos. Muy por el contrario asumen que son culpables, pero dicen que deben quedar impunes. Su propuesta no es ni siquiera el perdón, es lisa y llanamente la impunidad, que es mucho peor.
Desde esa postura, la ética, la de construcción ciudadana, sostenemos que hay que salir de la trampa institucional y leguleya, que nos deja a la expectativa de soluciones cuasi mágicas y de negociaciones reducidas. La Verdad y la Justicia no son objeto de negociación; son premisas imprescindibles y condicionantes de la democracia y de la libertad.
Por eso, seguiremos investigando, seguiremos denunciando, seguiremos reclamando: Verdad y Justicia. Nada más pero nada menos.

Fuente; El Popular N° 154 - 2/9/2011